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| Os ofrecemos a continuación el texto íntegro del artículo La policía inglesa pide disculpas por reprimir una protesta contra la guerra de Iraq, publicado originalmente en el periódico Diagonal, del 25 de marzo de 2014. |
Por Gladys P.
A inicios de 2003, el trío de las Azores subía el tono de su retórica belicista contra Iraq (¿Quién no se acuerda del “estamous trabahando en ellou?). Ante la inminencia de la guerra, el 15 de Febrero de ese año se convocaron a nivel internacional manifestaciones de protesta contra la más que posible invasión del país asiático. La respuesta social a la convocatoria pacifista fue un éxito y millones de personas salieron a la calle en diferentes países. Sin embargo, los democráticos gobiernos occidentales ignoraron el rotundo mensaje de su población civil y un mes después, el 20 de Marzo, las bombas aliadas empezaban a caer sobre Bagdad.
Retención y registro de los autobuses de los manifestantes por parte de la policía.
El caso Fairford
El Reino Unido tuvo un papel destacado en todo el proceso. No sólo contribuyó a justificar la guerra, sino que su ejército fue parte importante del despliegue militar. Sus bases aéreas fueron un eslabón imprescindible en la ofensiva y los B-52 con destino a Iraq despegaron cada día desde la bucólica campiña inglesa. Una de estas bases era RAF Fairford, cerca de Lechdale.
Dos días después del comienzo de la guerra, el 22 de Marzo, activistas libertarios y pacifistas de diversas afiliaciones fletaron tres autobuses para participar en una manifestación frente a Fairford, a dos horas y media de Londres. Sin embargo, los activistas no pudieron llegar a su destino. En Lechdale, un pueblo a menos de diez kilómetros de la base militar, un gran despliegue policial les cortó el paso. Los agentes registraron e identificaron a todos los manifestantes, menos a un pequeño grupo que pudo escapar por la puerta de atrás del autobús. Después, los metieron de nuevo en los autobuses y los encerraron para obligarlos a volver a Londres escoltados por furgones policiales. La policía cortó la autovía y no permitió que ningún vehículo se acercara al convoy. Entre los activistas cundió el nerviosismo porque nadie sabía a dónde les llevaban, ni si estaban siendo detenidos o directamente, secuestrados. Mediante SMS con compañeros en la ciudad se supo que el destino final era una comisaría londinense frente a la que habían desplegado unidades de antidisturbios para recibir a los pasajeros. Ante esta información y tras varias horas de encierro, los activistas decidieron aprovechar un semáforo en rojo a la entrada de la ciudad para escapar en tromba por las salidas de emergencia sin que la policía pudiese evitarlo. Tras algunos enfrentamientos con los agentes, pudieron unirse a otra marcha pacifista que se celebraba ese día y poner fin a su rocambolesco secuestro.
Este incidente fue el origen de un largo proceso judicial que ha llevado a la policía ante todos los tribunales del Reino Unido, incluida su más alta instancia, la Cámara de los Lores. Lo que empezó como una solicitud de revisión judicial por detención ilegal y violación del derecho fundamental a manifestarse, se ha prolongado once años e incluso se cita en la lista de los cien casos más importantes de Gran Bretaña, según The Guardian. A pesar de las sucesivas sentencias en su contra, la policía se ha negado durante años a pedir disculpas por la acción represiva. Tuvieron que pasar diez años para que en el transcurso del último juicio, un portavoz policial leyese un comunicado en el que se admitía haber violado los derechos de los pasajeros y pedía excusas. Tras este logro, los 120 activistas implicados dieron por concluida la campaña para exigir justicia, aunque a día de hoy siguen investigando los aspectos más oscuros del caso.
Victorias más allá del propio proceso
Además de la victoria judicial y las indemnizaciones que la policía británica se ha visto obligada a pagar a los manifestantes, lo importante de este caso han sido sus repercusiones y la información que se ha conseguido descubrir durante la instrucción. El caso ha obligado a modificar los protocolos de actuación policial y la legislación aplicable, para prescindir de tácticas que hasta ese momento eran muy comunes en el control de las manifestaciones. También en este período de tiempo se han desclasificado documentos que demostraban cómo el gobierno británico recibía instrucciones directas de la inteligencia estadounidense, o que las órdenes que tenían los soldados que vigilaban las bases incluían abrir fuego si algún manifestante entraba en ellas.
Servicio de seguridad del Socialist Workers Party intenta desalojar al bloque libertario de la cabecera de la manifestación.
El lado oscuro
Pero tal vez lo más preocupante sea la colusión entre la policía y un sector de la oposición a la guerra. Sin necesidad de plantear la existencia de un pacto explícito, desde muy pronto las sospechas de los activistas apuntaban a una cooperación tácita entre el estado y determinados grupos políticos interesados en obtener réditos electorales de las protestas.
Lo cierto es que desde un principio hubo una división en el movimiento pacifista. Por un lado, la mayoritaria Stop The War Coallition, dominada en buena medida por el Socialist Workers Party (SWP), el principal partido de la izquierda extraparlamentaria, insistía en hacer sólo manifestaciones en las principales ciudades, seguidas por los discursos de sus líderes. Frente a esto, pacifistas y activistas de grupos minoritarios consideraban que el 15 de Febrero ya había demostrado que los gobiernos ignoraban este tipo de movilizaciones y proponían una campaña de acción directa: se hicieron piquetes en las oficinas de reclutamiento y sentadas en las del Ministry of Defence; dos conductores de tren se negaron a transportar material militar en Escocia; varios activistas se colaron en las bases para sabotear los aviones, o se convocaron manifestaciones para bloquear sus accesos. Como en Fairford.
Muchos activistas sospechan que el estado y la Coalición trabajaron juntos, de manera implícita, para neutralizar esta segunda opción. Mientras que el SWP movilizaba a sus miembros para controlar las protestas sobre el terreno, la policía reprimía a cualquier que apostase por un tipo diferente de convocatoria. A menudo, se negociaba con el gobierno el recorrido de las manifestaciones y el propio cordón de seguridad de la Coalición aseguraba que se cumplía éste, desalojaba las sentadas o impedía que se formase un bloque diferenciado. Hasta tal punto que la Policía Metropolitana les agradeció su cooperación “en el mantenimiento del orden”. Del mismo modo, cuando un grupo escindido de la Coalición convocó la concentración frente a Fairford, el 22 de Marzo, ésta se apresuró a organizar otra manifestación en el centro de Londres (que es a la que se unieron los pasajeros de los autobuses después de su escapada) con la clara intención de desactivar la de la base.
Este tándem fue muy eficaz a la hora de eliminar primero cualquier oposición efectiva y posteriormente, acabar con toda la protesta. La asistencia a las manifestaciones fue disminuyendo, hasta que ya sólo se convocaban en el aniversario de la invasión de Iraq. El SWP vio como sus propias bases se desmovilizaban y entró en crisis. Como ocurrió en otras partes, la población del Reino Unido, atónita e impotente, se encerraba en casa mientras la espiral de violencia en Iraq dejaba centenas de miles de muertos. La lucha contra la guerra languideció.
Once años después es tentador tener una sensación de vindicación. Más de un alto mando de la policía ha tenido que dimitir. Otros han pedido disculpas públicamente. Y ha quedado totalmente demostrado lo criminal y falso de la guerra de Iraq. Sobre todo, las formas de acción alternativas han ganado momento hasta cobrar un importante protagonismo en las más recientes luchas contra los recortes o en Occupy, el equivalente inglés del 15M. Lamentablemente, no se logró parar la guerra, pero se sentaron las bases de lo que vino después.
Sin embargo, aún quedan algunos lados oscuros en todo el caso. La colusión entre Coalición y estado, aunque ampliamente dada por buena, no ha quedado demostrada documentalmente y tal vez no lo pueda ser nunca. Por otro lado, los casos de infiltración policial en grupos de activistas, destapados por la prensa británica desde 2011, plantean nuevos interrogantes. Puede que a pesar del tiempo transcurrido aún le quede cuerda al caso de los buses a Fairford.
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