Las Cuentas De La Tortura



Asumir lo sucedido con la tortura cambiaría el escenario
Excepto en momentos críticos, como las torturas con resultado de muerte, las realizadas a personas reconocidas o las que han dejado evidencias como hospitalizaciones y documentos gráficos, durante las décadas que ha durado el conflicto armado abierto rara vez la tortura ha sido un tema central en nuestra sociedad. Ha sido así a pesar de que no existe en Occidente un caso donde esa violación concreta de los derechos humanos haya sido tan sistemática, tan enfocada a un grupo social –a un grupo étnico, cabría decir–, tan silenciada y tan impune como en España contra los vascos.
Esta semana un cúmulo de circunstancias ha llevado el tema de la tortura al centro de la escena sociopolítica. Primero se conoció un informe de expertos que, basándose en estándares internacionales, certificaba la veracidad de 45 casos analizados. El estudio es independiente, porque tal y como ha sentenciado una y otra vez en los últimos tiempos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Estado español no investiga debidamente las denuncias de malos tratos. La radiotelevisión pública vasca, cumpliendo con su misión informativa, recogió algunos de estos testimonios en diferentes programas, lo que ha dado una dimensión pública al tema que pocas veces ha tenido antes. Los testimonios son aterradores e incontestables, y una gran parte de la sociedad vasca jamás se había enfrentado a ellos tan abiertamente.
Otro elemento que ha sacado a la luz los malos tratos ha sido el juicio contra 28 jóvenes activistas que se desarrolla en la Madrid. Para cuando en Loiola la Ertzaintza detenía a cinco de esos jóvenes en el muro popular, el eco de los terribles testimonios de sus compañeros ya resonaba en las calles de Euskal Herria. El argumento legal para detener y entregar a las autoridades españolas a estos jóvenes resultaba vergonzante cuando se contrasta con las barbaridades que les hicieron y permitieron hacer quienes ahora los reclaman. Es un mal síntoma que hasta el día de hoy ningún ertzaina, que se sepa, haya planteado la objeción de conciencia ante un deber así. Pero más grave es que las instituciones vascas no amparen a sus ciudadanos, juzgados por su militancia política en base a declaraciones sacadas con torturas. Quienes quieren fiscalizar el compromiso con los derechos humanos del resto deberían ser más rigurosos consigo mismos, tutelar estos procesos y acompañar a las víctimas.
Las vejaciones sufridas por estos jóvenes contienen bastantes de los elementos que hacen imposible la negación de la tortura. Varios de ellos mostraron su disposición a declarar ante el juez al saber que estaban en listas negras. Los jueces no los atendieron, pero luego se amparó su detención, incomunicación y tortura. La Policía no necesitaba pruebas –sigue sin tenerlas–, buscaba autoinculpaciones y una venganza ejemplarizante. Quiebra también la idea de que la denuncia de torturas es parte de una estrategia, que es sistemática y que se realiza por consigna. Por ejemplo, quienes fueron detenidos en el Estado francés y posteriormente entregados, sin ser incomunicados, no denunciaron torturas. Cabe recordar que estas operaciones sucedieron bajo el mandato del PSOE, que debería abandonar su soberbia y dejar de dar lecciones en materia de derechos humanos.

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